La resolución fue una de las siete con las que ratificaron lo hecho por el magistrado hasta el momento. El planteo principal provino, como desde el inicio de la causa, por parte del fiscal Juan Pablo Curi, quien ya intentó de desplazar al juez Alejo Ramos Padilla en tres oportunidades. Su objetivo es que el expediente se traslade – tal como pretende el macrismo- a los tribunales de Comodoro Py, donde buena parte de los imputados, entre ellos el fiscal rebelde Carlos Stornelli, juegan de locales.

El expediente en el juzgado de Ramos Padilla se inició a partir de la extorsión que se concretó en Pinamar, y en la que el espía y falso abogado Marcelo D’Alessio le pidió 300.000 dólares al empresario Pedro Etchebest, para sacarlo de la causa de las fotocopias de los cuadernos. El fiscal Stornelli quedó involucrado porque el pedido de dinero se hizo tras una reunión de varias horas con D’Alessio, en un parador de Pinamar.

Sin embargo, en el allanamiento se encontraron elementos vinculados a decenas de otras causas judiciales, reales y armadas, relaciones con la AFI y con ministros; una investigación sobre el ex marido de la actual pareja de Stornelli, otras extorsiones y operaciones de espionaje ilegal, y la participación del falso abogado en una causa clave, la conocida como Gas Natural Licuado, en la cual subieron luego la de las fotocopias de los cuadernos.

Desde un primer momento, fue más que evidente que en la Casa Rosada bajaron las órdenes para que se hiciera todo lo posible por desacreditar la investigación de Ramos Padilla, y al mismo tiempo salvar la ropa de Stornelli, quien fue declarado en rebeldía el 27 de marzo, por haberse ausentado en reiteradas oportunidades a los llamados del juez de Dolores para presentarse a declarar.